Foto: 7días.
La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) respaldó el 11 de septiembre de 2026, durante la conmemoración de su 64.º aniversario, la creación de la Agencia Dominicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ADOMCID). La propuesta fue presentada en el acto por el embajador Fausto Jáquez y entregada al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos Badía.
El planteamiento expuesto es el de centralizar los esfuerzos de cooperación internacional del país y fortalecer su proyección diplomática y su asistencia humanitaria en la región, tomando como referencia la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Son los mismos modelos comparados que el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible (OLDS) tomó como referencia al estructurar el documento técnico de la agencia.
Ese documento se publicó el 1 de febrero de 2022, redactado en formato de decreto presidencial y declarado de dominio público, de modo que cualquier ciudadano o funcionario puede usarlo, discutirlo, modificarlo y reproducirlo sin restricción ni permiso. La idea se había planteado en 2021 en la columna del observatorio en Acento; se llevó al sistema político en julio de 2024 mediante cartas nominales a expresidentes, al Congreso Nacional y al cuerpo diplomático; y en julio de 2026 un grupo de líderes técnicos, diplomáticos y sindicales —entre ellos Gabriel del Río Doñé, presidente de la CASC— solicitó formalmente su creación por decreto.
Quedan abiertos los tres asuntos que el documento de 2022 no resolvió y que se deciden al crear la agencia, o no se deciden nunca. El primero es la línea de base: no existe una cifra oficial y completa de cuánta cooperación internacional recibe y otorga la República Dominicana por año, sector y contraparte, y sin ese dato la agencia no podrá acreditar después que mejoró algo. El segundo es el costo de la transición, porque unificar funciones dispersas exige personal, sistemas y traspaso de convenios vigentes, y una reforma sin ese número se aprueba con entusiasmo y se ejecuta con recortes. El tercero es el régimen de transparencia: una agencia que ejecuta cooperación debería publicar sus operaciones en un estándar abierto e interoperable, y la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) es el que usan las agencias que se citan como modelo; es la decisión más barata de tomar en el decreto fundacional y la más cara de introducir después.
El texto completo de la propuesta sigue disponible y sigue siendo de dominio público.
Referencias: Propuesta ADOMCID, OLDS, 1 de febrero de 2022 · Cobertura del acto de la CASC, 7días, 11 de septiembre de 2026.
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