
El 31 de enero de 2022 el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible (OLDS) se reunió con el expresidente Hipólito Mejía para presentarle, junto a sus informes de mercado laboral, la propuesta de crear una Agencia Dominicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ADOMCID). Al día siguiente, el 1 de febrero, el observatorio publicó la propuesta completa, redactada en formato de decreto presidencial y declarada de dominio público.
El diagnóstico del que parte es una posición incómoda que la República Dominicana no ha querido nombrar: el país no es lo bastante pobre para recibir asistencia oficial al desarrollo en los volúmenes de antes, ni lo bastante próspero para prescindir de ella. Entre 2015 y 2019 los fondos de cooperación internacional recibidos cayeron un 70 % (OCDE, 2019), mientras el diagnóstico de la propuesta sitúa en 23,4 % la proporción de población en pobreza y en torno al 70 % del producto interno bruto la deuda pública. Es el dilema clásico de los países de renta media, y se resuelve con institucionalidad o no se resuelve.
Hoy las funciones de cooperación están repartidas entre varias entidades del Estado, lo que produce duplicidad, burocracia y quiebres de comunicación entre oficinas del mismo gobierno. Unificarlas en una agencia permitiría además algo que el país no ha organizado nunca: actuar como oferente de cooperación y no solo como receptor, por la vía Sur-Sur y triangular. Ahí la República Dominicana tiene experiencia transferible real, sobre todo en respuesta a desastres naturales y adaptación climática, que es el terreno que el Caribe conoce por obligación. Y ahí entra Haití, donde favorecer la estabilización y movilizar recursos a ambos lados de la frontera es hoy algo que se hace sin estrategia articulada.

La propuesta se dirige a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional y a los expresidentes del país, y se declara de dominio público: cualquier ciudadano o funcionario puede usarla, discutirla, modificarla y reproducirla sin restricción ni permiso. Está redactada en el formato en que tendría que aprobarse, de modo que puede tomarse tal cual.
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