Una hoja de ruta para una agencia dominicana de cooperación

El director del OLDS con el expresidente Hipólito Mejía y su equipo, 31 de enero de 2022

El 31 de enero de 2022 el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible (OLDS) se reunió con el expresidente Hipólito Mejía para presentarle, junto a sus informes de mercado laboral, la propuesta de crear una Agencia Dominicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ADOMCID). Al día siguiente, el 1 de febrero, el observatorio publicó la propuesta completa, redactada en formato de decreto presidencial y declarada de dominio público.

El diagnóstico del que parte es una posición incómoda que la República Dominicana no ha querido nombrar: el país no es lo bastante pobre para recibir asistencia oficial al desarrollo en los volúmenes de antes, ni lo bastante próspero para prescindir de ella. Entre 2015 y 2019 los fondos de cooperación internacional recibidos cayeron un 70 % (OCDE, 2019), mientras el diagnóstico de la propuesta sitúa en 23,4 % la proporción de población en pobreza y en torno al 70 % del producto interno bruto la deuda pública. Es el dilema clásico de los países de renta media, y se resuelve con institucionalidad o no se resuelve.

Hoy las funciones de cooperación están repartidas entre varias entidades del Estado, lo que produce duplicidad, burocracia y quiebres de comunicación entre oficinas del mismo gobierno. Unificarlas en una agencia permitiría además algo que el país no ha organizado nunca: actuar como oferente de cooperación y no solo como receptor, por la vía Sur-Sur y triangular. Ahí la República Dominicana tiene experiencia transferible real, sobre todo en respuesta a desastres naturales y adaptación climática, que es el terreno que el Caribe conoce por obligación. Y ahí entra Haití, donde favorecer la estabilización y movilizar recursos a ambos lados de la frontera es hoy algo que se hace sin estrategia articulada.

El director del OLDS junto al expresidente Hipólito Mejía, 31 de enero de 2022

La propuesta se dirige a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional y a los expresidentes del país, y se declara de dominio público: cualquier ciudadano o funcionario puede usarla, discutirla, modificarla y reproducirla sin restricción ni permiso. Está redactada en el formato en que tendría que aprobarse, de modo que puede tomarse tal cual.

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